Nuestra democracia, aun siendo muy joven e
inexperta, ha ido avanzando, poco a poco, en la consolidación de la esfera y la
vida pública. Frente al poder de un Estado sin límites, nacieron hace ya muchos
años los derechos individuales; frente a la concentración y confusión de todos
los poderes en muy pocas manos, se concibió la división de poderes -horizontal
y vertical-; frente a la voluntad de posibles mayorías facciosas en un gobierno
de origen popular, se reivindicó el pluralismo político y social.
A estas garantías de singular relieve -y todavía
necesarias- se añadieron otras muchas que, aun de tono menor, han venido a
configurar nuestros actuales regímenes democráticos. Pero, como cuestiones de
rabiosa actualidad nos confirman -el desvelamiento de un mundo opaco en las
instituciones y en los partidos políticos al servicio de fines particulares-,
los riesgos para la libertad siguen vigentes y tienen el mismo origen: la
prevalencia de intereses facciosos en la conformación de la voluntad de
nuestros dirigentes. Por esta razón, hoy día, como lo fue en el pasado, es
imprescindible que nos dotemos de nuevas garantías para asegurar la libertad de
todos. Y ese propósito en la actualidad se llama gobierno abierto y
transparente.
Las actuales democracias se enfrentan a una situación
paradójica. Tenemos las generaciones más preparadas que ha habido en nuestro
país, todos con la suficiente formación y conocimiento para realizar una
ejercicio crítico sobre el gobierno de nuestra sociedad, y tenemos en nuestras
manos una herramienta formidable para poder intervenir directa y
automáticamente en tiempo real expresando nuestras opiniones, nuestros
argumentos y nuestra voluntad sobre las decisiones que debemos tomar como
sociedad.
Tenemos en nuestras manos hacer realidad ese sueño que
nos acompaña desde que nuestros antepasados los revolucionarios del siglo XVIII
proclamaron la soberanía del pueblo como principio articulador de los nuevos
regímenes representativos en los que desembocó la modernidad. Es el sueño que
empuja a movimientos ciudadanos como Democracia Real Ya, como el 15 de mayo,
como Change.org, y tantos otros. Y paradojas de la vida, ese sueño parece que
se nos escape entre los dedos.
Si uno reflexiona sobre la realidad, si se fija un poco
-para el caso no resulta ni siquiera necesario hacer prolijas investigaciones
empíricas-, cuando más cerca parece estar el gobierno del pueblo por el pueblo
resulta que más lejos de alcanzar está. El ejemplo de España es paradigmático.
Ya no es que sean conspicuos políticos, sustentadores de oscuros intereses, que
se aferran al sillón defendiendo sus intereses particulares sin atender a las
necesidades del pueblo. No, no es eso, aunque eso también forme parte de la
realidad. Es que determinadas decisiones fundamentales, decisiones que tienen
una especial incidencia en nuestras vidas, se están tomando más allá de
nuestras fronteras.
Quizá no sabemos muy bien dónde, quizá en Alemania con la
canciller Merkel a la cabeza; quizá en las salas de reuniones de los poderes
financieros, que dan y quitan según soplan los vientos de sus intereses a lo
largo y ancho de este mundo globalizado; no sabemos bien dónde pero lo que es
seguro es que las decisiones fundamentales están tomadas por terceros: no es el
pueblo, ni siquiera son sus representantes, los ahora maltratados políticos.
¡Paradójico! Nos produce perplejidad, pero no
necesariamente asombro. Es la política en estado puro, la de siempre, la que
nunca ha cambiado ni cambiará. Es la política de Aristóteles, la que se
sustenta sobre la lucha de intereses de individuos y grupos diferentes, de
personas que están dispuestas a pensar en el bien común sólo y en la medida que
les interese. La que se corrompe. La que sólo con dificultad se doma.
La que sólo a duras penas, durante los dos últimos
siglos, ha conseguido ciertos equilibrios que han posibilitado cierto grado de
libertad e igualdad al menos en los países desarrollados del mundo occidental.
Equilibrios que se han roto y que exigen de nuevo, desde planteamientos
democráticos, volver a reforzar a la parte más débil que no es otra que ese
indeterminado al que nos referimos como pueblo
Esa es la tesis que mantiene el politólogo Robert Dahl
para quien en nuestras democracias representativas el carácter intelectual de
las élites no garantiza por sí solo el buen gobierno y siendo que tampoco
tenemos garantía de su virtud -de la virtud de las élites- resulta necesario
reforzar el eslabón más débil de la cadena democrática que no es otro que el
propio demos. A su juicio, las telecomunicaciones permiten asegurar que los
programas de acción política sean accesibles con facilidad a todos los ciudadanos
que de esta forma podrán participar de forma significativa en los debates
políticos.
Pero, si una de las salidas legítimas a la actual
desafección política es Buen Gobierno ¿En qué lugar podemos situar a España en
materia de Gobierno Abierto?. Hace tan solo unos meses el ONTSI, organismo
público dependiente del Gobierno de España, publicó el "Estudio de demanda
y uso de gobierno abierto en España". Según los datos de este informe, más
de la mitad de la población (58,6%) considera que los canales que existen para
participar en los asuntos públicos son insuficientes y demandan nuevos canales
de participación más adecuados (81,4%).
El 77,7% considera que mejoraría la eficiencia de
nuestras instituciones y el 70,7% considera que mejoraría la confianza en el
gobierno. Alrededor del 80% de los encuestados tiene interés en el diseño e
implantación de políticas públicas participando antes de iniciarse un proyecto,
durante la realización del mismo, revisando la información o enviando preguntas
sobre su avance, por ejemplo.
Más crítico con la situación actual del desarrollo de la
sociedad de la información en España es el Informe eEspaña 2013 de la Fundación
Orange, publicado también recientemente. Si bien, en él se reconoce que el uso
de la e-Administracion ha crecido sensiblemente entre los ciudadanos hasta
llegar al 43% de la población de entre 16 y 74 años; por el contrario, el uso
de la e-Administración entre las empresas se ha estancado e incluso ha
decaído.Además, el informe destaca la drástica reducción presupuestaria: en
2012 el presupuesto TIC de la AGE se ha reducido en 240 millones de euros,
quedando en un 4,6% del presupuesto total del Estado.
A día de hoy la respuesta para la regeneración
democrática la tenemos cada vez más clara: necesitamos un gobierno abierto, más
transparente, algo directo y muy participativo. Desde la Asociación Valenciana
de Politólogos (Avapol) siempre lo hemos tenido claro. Es por ello que a finales de noviembre de 2013 organizamos el I Congreso Internacional sobre Open Government junto al catedrático Lorenzo Cotino (el que
es para muchos de nosotros el mejor especialista en materia de participación
ciudadana de nuestro país) y la Universitat de València. El
encuentro, considerado para muchos el certamen más importante que se ha
organizado nunca en todo nuestro país en materia de transparencia y Gobierno
Abierto, fue todo un éxito y congregó durante dos días a más de 250 congresistas de todo el mundo iberoamericano.
A día de hoy, nos honra anunciar que habrá una II edición de este certamen internacional. Ilusionados y cargados de ánimos iremos publicando todas las novedades en la web de www.avapol.es
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