Esta semana he participado en un panel de expertos sobre la Ley de Transparencia de España en el diario argentino Politica Comunicada.
Mi artículo se titula: "La encrucijada parlamentaria por la transparencia"
Os dejo mi texto y más abajo os enlazo el panel completo para su lectura:
Aunque el anterior presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, concurrió a las elecciones generales de 2011 con la promesa electoral de aprobar una ley de transparencia, no fue hasta llegado el gobierno del actual presidente Rajoy, cuando el Parlamento español se puso a trabajar en ello.
Y es que la Ley 19/2013 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró por la puerta de los leones (Congreso de los Diputados español) bajo la tipología de proyecto de ley (según la Constitución Española esta tipología de iniciativas legislativas provienen de la iniciativa gubernamental).
Ello hace que se convierta en una ley de alto calado político, con una extensión relativamente baja y sencilla para los que acostumbramos a leer códigos y legislación española.
La ley de transparencia española entró en fase parlamentaria “algo gafada”, ya que el Consejo de Ministro decidió que para una ley de este tipo se requería la consulta pública online. Durante este periodo, la página web recibió un total de 78.107 visitas y se recibieron en el buzón Transparencia 3669 correos electrónicos con observaciones. Asimismo, se contabilizaron 14 entradas por registro, lo que hacen un total de 3683 observaciones (el documento oficial con las conclusiones se puede leer aquí ).
Pero todo ello se hizo obviando lo más importante, y es que el Gobierno español no confirmaba qué “observaciones” había aprobado para incluirlas en el proyecto de ley, por lo que la ciudadanía más involucrada en la causa no conocía se habían tenido en cuenta sus demandas.
Una vez en debate parlamentario, el proyecto de ley de transparencia obtuvo gran interés por parte de los “mass media” españoles, incluso por los medios de tirada nacional comerciales (ya no sólo los especializados). Cada día nos tomábamos el café con alguna propuesta, alegación u observación de algún diputado o grupo parlamentario (o en algunos casos algún informe de parte de la sociedad civil española). Además, todos los españoles percibimos que el tema interesaba mucho a los representantes políticos, ya que hay que recordar que en más de 35 ocasiones se amplió el plazo de enmiendas parlamentarias (tanto a la totalidad como al articulado) incluyendo además una fase de comparecencias públicas de expertos y académicos.
Entre todo ello el debate parlamentario giraba en torno a numerosos casos de corrupción: Caso Bárcenas; límites al acceso a la información: por ejemplo en el caso de la Casa Real española, los partidos políticos o los sindicatos. Muchas de estas reivindicaciones se han ganado por parte de la ciudadanía española, y aunque se han recogido en la ley de transparencia española, se ha hecho de una forma vacua y permisiva.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno quedó definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre de 2013, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).Y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 10 de diciembre de 2013.
En sus disposiciones finales recogen una serie de “vacatio legis” para que las Comunidades Autónomas y entidades locales puedan adaptar su “hnow how” a esta, reducida pero necesaria, ley de transparencia.
Este año 2015 España vive su año electoral por antonomasia y las diferentes Administraciones Públicas están regulando sus propias leyes de transparencia (bien por necesidad o por rédito electoral). En este sentido hay que concluir afirmando que muchas Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucia o la Comunitat Valenciana están yendo más al detalle en sus pretensiones con la transparencia y buen gobierno.
Mi artículo se titula: "La encrucijada parlamentaria por la transparencia"
Os dejo mi texto y más abajo os enlazo el panel completo para su lectura:
Aunque el anterior presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, concurrió a las elecciones generales de 2011 con la promesa electoral de aprobar una ley de transparencia, no fue hasta llegado el gobierno del actual presidente Rajoy, cuando el Parlamento español se puso a trabajar en ello.
Y es que la Ley 19/2013 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró por la puerta de los leones (Congreso de los Diputados español) bajo la tipología de proyecto de ley (según la Constitución Española esta tipología de iniciativas legislativas provienen de la iniciativa gubernamental).
Ello hace que se convierta en una ley de alto calado político, con una extensión relativamente baja y sencilla para los que acostumbramos a leer códigos y legislación española.
La ley de transparencia española entró en fase parlamentaria “algo gafada”, ya que el Consejo de Ministro decidió que para una ley de este tipo se requería la consulta pública online. Durante este periodo, la página web recibió un total de 78.107 visitas y se recibieron en el buzón Transparencia 3669 correos electrónicos con observaciones. Asimismo, se contabilizaron 14 entradas por registro, lo que hacen un total de 3683 observaciones (el documento oficial con las conclusiones se puede leer aquí ).
Pero todo ello se hizo obviando lo más importante, y es que el Gobierno español no confirmaba qué “observaciones” había aprobado para incluirlas en el proyecto de ley, por lo que la ciudadanía más involucrada en la causa no conocía se habían tenido en cuenta sus demandas.
Una vez en debate parlamentario, el proyecto de ley de transparencia obtuvo gran interés por parte de los “mass media” españoles, incluso por los medios de tirada nacional comerciales (ya no sólo los especializados). Cada día nos tomábamos el café con alguna propuesta, alegación u observación de algún diputado o grupo parlamentario (o en algunos casos algún informe de parte de la sociedad civil española). Además, todos los españoles percibimos que el tema interesaba mucho a los representantes políticos, ya que hay que recordar que en más de 35 ocasiones se amplió el plazo de enmiendas parlamentarias (tanto a la totalidad como al articulado) incluyendo además una fase de comparecencias públicas de expertos y académicos.
Entre todo ello el debate parlamentario giraba en torno a numerosos casos de corrupción: Caso Bárcenas; límites al acceso a la información: por ejemplo en el caso de la Casa Real española, los partidos políticos o los sindicatos. Muchas de estas reivindicaciones se han ganado por parte de la ciudadanía española, y aunque se han recogido en la ley de transparencia española, se ha hecho de una forma vacua y permisiva.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno quedó definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre de 2013, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).Y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 10 de diciembre de 2013.
En sus disposiciones finales recogen una serie de “vacatio legis” para que las Comunidades Autónomas y entidades locales puedan adaptar su “hnow how” a esta, reducida pero necesaria, ley de transparencia.
Este año 2015 España vive su año electoral por antonomasia y las diferentes Administraciones Públicas están regulando sus propias leyes de transparencia (bien por necesidad o por rédito electoral). En este sentido hay que concluir afirmando que muchas Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucia o la Comunitat Valenciana están yendo más al detalle en sus pretensiones con la transparencia y buen gobierno.
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