Según
el último estudio publicado, el 31% de los ciudadanos españoles hacen uso de Internet para obtener
información de las Administraciones Públicas.
En sociedad
desarrolladas como la nuestra, parte del desarrollo social y empresarial se lo
debemos a las nuevas tecnologías de la información (TIC’s). Hemos sido testigos
de cómo, gracias al abaratamiento y la miniaturización de los ordenadores
personales durante los últimos 30 años, nuestros hábitos de vida y comunicación
interpersonal se han visto altamente modificados. En función de ellos, está
apareciendo un nuevo tipo de ciudadano, el comunicador permanente, que está
conectado (fundamentalmente mediante su smartphone) en tiempo real y que hace
un uso muy intensivo de Internet.
En la
última década, Internet se ha ido consolidando como un canal fundamental en la
relación entre los ciudadanos y la Administración
Pública , colocándose como el segundo canal de comunicación
preferida, por detrás de contacto físico presencial. Internet ofrece la
posibilidad de poseer una Administración Pública abierta las 24 horas del día,
mejorando con creces la prestación de los servicios y trámites a los ciudadanos
e incrementando las posibilidades de acceso a los mismos y la comodidad y
rapidez en la tramitación administrativa
Los
beneficios de la utilización de la E-Administración son múltiples y de diversa
índole: además de mejorar en la simple calidad de los servicios prestados,
tiene un gran impacto en aspectos tan importantes como la eficiencia en el
ahorro de costes, tanto para la propia Administración Pública como para las
empresas que interactúan con la misma. Y no podemos olvidar, que también
redunda en la mejora de la transparencia y en su productividad; incluso en numerosas ocasiones favorecen la
creación de nuevos nichos de negocio y
ocupación.
En la
situación económica actual donde uno de los objetivos prioritarios de las
Administraciones es la reducción y ahorro de costes, varios estudios resaltan
la gran capacidad de estas tecnologías para conseguir reducciones importantes
sin que ello afecte a la calidad de los servicios. Estos informes apuntan
cómo la presentación de una solicitud
electrónica en lugar de presencial viene a suponer una reducción del coste para
las empresas del 94%. Dado que el 51% de los trámites realizados por los
ciudadanos y el 82% realizados por las empresas se hacen de forma electrónica,
las investigaciones realizadas apuntan a que el uso intensivo de los 20
servicios más destacados de la Administración
General del Estado supondrían un ahorro de más de 3.000
millones de euros.
Pero
no sólo es eso, sino que el fomento de la Administración
electrónica supone también una importante reducción en el impacto
medioambiental, ya que supone una reducción del “papeleo” en los procedimientos
y servicios públicos. Por poner un ejemplo, hace un año el Boletín Oficial del
Estado decidió eliminar su versión impresa y redirigir su difusión vía
Internet; pues bien, esa decisión ha supuesto a día de hoy un ahorro de 4,5
millones de kilos de papel, que equivalen a 50.000 árboles y la no emisión de
14.000 toneladas de CO2.
Por otro
lado, y como adelantábamos anteriormente, la utilización de los medios
electrónicos por la Administración
Pública mejora de la transparencia en la gestión pública. Un
buen ejemplo de ello es la adaptación de procedimientos electrónicos en los
servicios de contratación públicos (e-procurement). Según datos de la Comisión Europea
se calcula que las Administraciones de la Unión Europea
realizaron compras por el montante de 1,3 billones de euros y contactan con un
total de 600.000 proveedores. Con referencia a esto, España se encuentra en
buen lugar, ya que la posibilidad de contratación vía Internet en las
Administraciones alcanzan el 85 %, lo que supone 14 puntos porcentuales por
encima de la media europea.
Por último,
podemos afirmar con total firmeza que la Administración
Electrónica supone una
fuente de generación de riqueza y ocupación. Los medios electrónicos oficiales
permiten poner a disposición de ciudadanos y empresas la información que
recopilan, producen y custodian los poderes públicos, facilitando que la misma
sea procesada y reutilizada por terceros con el objetivo de crear nueva
información y nuevos servicios (Open Data). En España existen un importante
número de empresas que utilizan esta información para su actividad empresarial
diaria. La información utilizada por las mismas es fundamentalmente de tipo
geográfico, económico, sociodemográfico o estadístico. El último estudio
referente a este tipo de empresas calcula el volumen de su actividad
empresarial entre 550 y 650 millones de euros.
En este
sentido, la Diputación de Alicante, encabezada por el joven Diputado de
Modernización Adrián Ballester, hizo público la semana pasada una importante
apuesta de la entidad provincial en materia de Administración Electrónica. Bajo
el nombre de Moderniza 6.0 la Diputación alicantina se enfrenta al gran desafío
de adaptar toda la actividad de gestión administrativa de los municipios con
una población menor de 20.000 habitantes a las enormes posibilidades que ofrece
la tecnología a la hora de prestar mejores servicios de forma más eficaz y
eficiente.
En
definitiva, más allá del papel incuestionable que las nuevas tecnologías
tendrán para el futuro económico y
desarrollo competitivo de nuestro país, las
Administraciones Públicas deben de caminar al ritmo que le marque la
ciudadanía. Las TIC’S llevan ya décadas realizando una importante labor de
transformación social: hoy día somos una sociedad más informada, con mejor
acceso al conocimiento y con una mayor facilidad de comunicación social. Las
Administraciones Públicas tienen el reto de intentar no ralentizar este
creciente desarrollo social y empresarial de nuestra ciudadanía. Tenemos las
herramientas y los profesionales para conseguirlo, tan sólo nos es necesaria la
voluntad política de nuestros representantes.

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