Tan sólo
10 Comunidades Autónomas y 6 municipios españoles han aplicado políticas
públicas de apertura de datos (Open Data)
Desde el año 2009 los movimientos de open
government han irrumpido en las agendas políticas de Europa y
Estados Unidos, y con ellos las políticas de fomento de la reutilización
de la información en manos de las administraciones públicas.
Las políticas de open government (gobierno abierto) constituyen estrategias
de hondo calado, que se simplifican en tres pilares fundamentales en la
actuación de nuestros poderes públicos: la transparencia en la gestión
pública, el fomento de la participación y la colaboración de la
ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En este contexto
la apertura de datos, más conocida en entornos profesionales como open
data, trabaja para que las administraciones públicas pongan a
disposición de la sociedad la información pública que tienen en su poder, con
el objetivo de que cualquier persona, empresa u organización pueda a partir de
la misma crear nuevas informaciones y servicios, constituyéndose, al fin y al
cabo, en una piedra angular sobre la que se sustenta el open government.
En modo de definición, la
reutilización de la información del sector público consiste en el uso
por parte de personas físicas o jurídicas de información generada por
organismos del sector público, con fines comerciales o no. El concepto de
reutilización surge cuando la Comisión Europea elabora en 1998 el Libro Verde sobre la Información del Sector
Público en la Sociedad de la Información. Este documento, consensuado tras un amplio proceso de consultas,
llamaba la atención sobre la necesidad de mejorar las sinergias entre el sector
público y el privado en el mercado de
la información. Apenas cinco años más tarde, sus iniciativas inspiraron la Directiva 2003/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reutilización de la información del
sector público donde ser recogían la importancia de este tipo de políticas
públicas para la participación de las personas, la transparencia
y la mejora de la eficacia y eficiencia de las administraciones.
Es desde entonces cuando la información del sector
público y su reutilización se reconocen como elementos esenciales de
transparencia y participación ciudadana y al mismo tiempo, como un recurso
primordial para la evolución de las empresas que reutilizan dicha información
y le aportan un valor añadido. Este tipo de empresas se engloban en el
denominado sector infomediario. Gracias a las TIC’S y en especial a
internet que ha transformado por completo el acceso a la información abriendo
nuevas vías a su reutilización, estamos presenciando el nacimiento de nuevas
empresas que, con pocos recursos económicos, llevan a líneas de negocio basados
en la elaboración de productos y servicios de información de alto valor
añadido.
Al fin y al cabo, la
reutilización de la información del sector público facilita la creación de productos y soluciones de gran valor añadido,
adaptados a las necesidades específicas y cotidianas de empresas, administraciones y ciudadanos. Tales servicios
constituyen, a su vez, el caldo de cultivo de negocios innovadores, altamente
beneficiosos en términos tanto económicos como de empleo. Por citar algunos
datos podemos afirmar que según el Estudio de Caracterización del Sector Infomediario en España, esta actividad dio trabajo en 2010 a
unos 5.500 profesionales y posibilitó sólo en nuestro país la obtención
de unos beneficios de entre 550 y 650 millones de euros.
Además, la reutilización
de la información del sector público contribuye al desarrollo tecnológico, a la
explotación estratégica de la información en ámbitos especialmente importantes
como el administrativo, el financiero o el jurídico, y a una mejora de la eficiencia de los gobiernos y
organismos oficiales.
En España, la Ley 37/2007 de 16 de
noviembre de Reutilización de la información del sector público traspuso
a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/98/CE de 17 de
noviembre. La aprobación de esta ley supuso un importante instrumento
para el avance en la reutilización, al establecer un marco regulatorio
general para esta actividad aplicable a todas las administraciones públicas
españolas, independientemente del ámbito territorial de las mismas. La Ley aspira
a “armonizar la explotación comercial de la información del
sector público y la publicación de
todos los documentos de libre disposición que obran en su poder, al considerar que son un instrumento esencial para el desarrollo del
derecho al conocimiento, que
constituye un principio básico de la democracia”. Pero como toda ley, tiene
su pequeña crítica y es que deja libertad a cada Administración para
tomar la decisión de autorizar o no la reutilización de su información.
No obstante, la Ley detalla una
serie de supuestos en los que la reutilización no se permite. Ello tiene su doble
rasero, ya que al igual que juega a favor de la privacidad de muchos datos
personales o confidenciales, es a la vez la excusa perfecta para que en
determinadas ocasiones nuestros gobernantes aleguen la no publicación de
determinados datos en base a este generoso precepto legal.
Concretando algo más y con el fin de dar a conocer el potencial que tiene la reutilización en
España y dinamizar en este sentido al sector público ,a las empresas y a los ciudadanos, en 2009 nació el Proyecto
Aporta, promovido por los Ministerios de Política Territorial y
Administración Pública y de Industria, Turismo y Comercio. El Proyecto Aporta
ha sido un dinamizador importante en el impulso que la reutilización está
experimentando en los últimos años en nuestro país, según ha señalado entre
otros la OCDE. Constituye, al fin y al cabo,
un magnífico ejemplo de buenas prácticas tomado como referencia por
otros estados vecinos de la UE, que han estudiado el ejemplo español de
cara a definir sus propias políticas en la materia.
Para terminar, y si
bajamos un poco más el ámbito territorial de estudio nos encontramos que tan sólo
10 comunidades autónomas han aplicado políticas públicas de open data,
éstos son: País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla –La Mancha, Extremadura,
Andalucía, Navarra, Castilla León, Islas Baleares y Asturias. Por otro lado, a
nivel local percibimos que existe una falta de interés generalizado, ya que
de los 8.116 municipios españoles tan sólo 6 han decidido implementar políticas
que aboguen por la apertura de datos “stricto sensu” (Barcelona, Badalona,
Zaragoza, Lleida, Gijón y Córdoba).
Para todos aquellos que
quieran conocer más a fondo este interesante mundo del open data, desde
sueldospublicos.com os invitamos a asistir el próximo 26 de junio al Nuevo
Encuentro anual de iniciativas Open Data en España organizado por el
Gobierno de España y que se desarrollará en Madrid con el objetivo de analizar los últimos avances en
materia de apertura y reutilización de datos públicos que se han producido en
los últimos meses dentro y fuera de nuestras fronteras. El evento está abierto
tanto a profesionales como a la ciudadanía en general.
ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO SUELDOS PÚBLICOS.13/06/2012
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