El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber.
Los ciudadanos que vivieron en épocas del Antiguo Régimen estaban acostumbrados a que el “secreto” imperara los asuntos de la “res pública”, donde se entendía que el arte de gobernar comprendía los llamados arcana imperii, secretos de Estado. Es a finales del S.XVIII cuando el principio de publicidad se abre paso con las revoluciones liberales, aunque bien es cierto que se proyectaba únicamente a la actividad de las cámaras de diputados y el poder judicial, no del poder ejecutivo.
Hasta hace muy poco se ha venido considerado que el ejecutivo no debía someterse al principio de publicidad porque le bastaba estar obligado por el principio de legalidad, esto es, de sometimiento a la Ley. Así pues, hemos funcionado, ya desde los parámetros del Estado liberal, con la idea de que el procedimiento de aprobación de la ley, fruto del Parlamento, sí ha de ser público, pero la actividad del Ejecutivo podía mantenerse en secreto, bastando que se sometiera a la ley. Esta idea comienza a cambiar fruto de iniciativas legislativas en los países escandinavos y anglosajones a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Sin lugar a dudas, nadie puede decir a día de hoy que no ha escuchado la palabra “transparencia”. Multitud de diarios (sobre todo digitales), blogs, consultores o “tuits” se publican cada día referentes a esta terminología, casi desconocida por la mayoría de los ciudadanos hasta hace poco más de un año.
Muy unido a ello se encuentra el derecho a saber, o también conocido como derecho de acceso a la información. A día de hoy ya son más de 80 los países de todo el mundo que disponen de una normativa concreta que hace más transparente la actuación de las administraciones públicas y que facilita el control ciudadano en espacios o lugares donde la corruptela se hace latente.
El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Un estudio del Open Society Justice Initiative, publica¬do en el año 2006, señaló que más de 65 países en el mundo han publicado leyes que establecen mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a la información. Ésta es una tendencia que ha crecido recientemente en los últimos 10 años, dado que en la mayoría de países las legislaciones en esta materia han evolucionado progresivamente desde los primeros años del siglo XXI. En cambio, no todos los países han desarrollado de igual manera este derecho fundamental, ya que por un lado nos encontramos a países que tan sólo lo ha legislado de una manera laxa y poco profunda y por el otro existen más de 40 países donde este derecho se in¬corporó en las respectivas constituciones. Otros países, además de reformar o sancionar nuevas de leyes, implementaron otras medidas para mejorar el sistema de acceso a la información, como por ejemplo, la adopción de guías para funcionarios.
Según la Coalición Pro Acceso el derecho de acceso a la información “es el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas, así como de entidades privadas en la medida en que éstas desempeñen funciones públicas. El derecho obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva”.
En septiembre de 2002, durante una reunión en Sofía (Bulgaria) varias organizaciones defensoras del acceso a la información crearon la 'Red de activistas por la libertad de información' (red FOIAnet). En el memorando para el establecimiento de esta red, se consideró que "la transparencia de la administración pública y la disponibilidad de información en asuntos de interés público son pre-condiciones fundamentales para la participación del público en la toma de decisiones y para la lucha contra la corrupción".
De esta reunión se decidió fijar el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Derecho a Saber siendo el objetivo de esta celebración "concienciar a todo los individuos sobre su derecho al acceso de información de las actuaciones y actividades del gobierno: el derecho a saber sobre como nuestros políticos ejercen su poder y como gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos".
Con la conmemoración del 28-S se pretende concienciar a los ciudadanos sobre su derecho a saber cómo ejercen su poder los políticos y cómo gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos. La ciudadanía está resignada con su clase política y no ve solución a multitud de problemas económicos, sociales o políticos. Acostumbrados a ser testigos de multitud de casos de corrupción en nuestro país, el buen desarrollo de una auténtica legislación que proteja y asegure el derecho a saber puede producir importantes mejoras, ya no sólo en la calidad del Estado de Derecho español, sino en la calidad democrática y ciudadana de nuestro país.
En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.
Según datos de la red FOIAnet de los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo y Malta. Asimismo, de los 47 países miembros del Consejo de Europa, España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino).
El Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio, tras atravesar un periodo de consulta pública. El texto se encuentra ahora en las Cortes a la espera de ser mejorado con las enmiendas de los partidos. Varias plataformas ciudadanas vienen reclamando, desde que se hizo público el anteproyecto de ley, importantes deficiencias de esta iniciativa gubernamental. Al respecto, la ya citada Coalición Pro Acceso (creada en el año 2006 por más de 60 instituciones y/o personalidades) ha enviado a todos los diputados del Congreso un documento donde se recogen, a su modo de ver, numerosos errores o debilidades de este proyecto y además se ofrecen soluciones para intentar mermarlas.
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