VALENCIA, 17/10/2014.- La plataforma Pobreza Cero ha protagonizado una acción simbólica contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales y la corrupción, hoy ante las puertas de la Delegación de Hacienda de Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas.
España está asumida en
diferentes casos de corrupción de múltiples casos: bancaria, urbanística,
política, empresarial,etc..Los españoles nos encontramos ante un fenómeno que,
aunque ha existido siempre en nuestro sistema políticos y administrativo, se
trata de un “cáncer democrático” que permanece oculto e implica la apropiación
de recursos públicos para obtener beneficios privados, mediante más de una
forma específica de comportamiento. Las expresiones de la corrupción
comprenden conductas indebidas e ilegales por parte de funcionarios públicos
(políticos o servidores públicos) y/o de actores privados que obtienen
ganancias por el abuso del poder público.
Entre las
cifras de la corrupción en España, destaca que, hasta febrero de 2014, hay casi
1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en
estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las
cárceles del territorio nacional. En este sentido el Ministerio de Justicia del
Gobierno de España gastó más de 10
millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en
2012.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y
las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del
Gobierno -como los exministros Manuel Chaves, Magdalena Álvarez o recientemente
el exministro popular Rodrigo Rato (por citar algunos ejemplos)-como a
dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
En el año 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661
las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos
relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la
prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias,
malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales,
apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el
patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que
actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo
debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy
amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.
Según la OCDE (2008)
es imposible identificar el “mejor modelo” para el diseño de instituciones
anticorrupción. De acuerdo con esta institución , “la creación de agencias
controladoras y la determinación de las herramientas para combatir este
fenómeno responden al contexto de cada país, las condiciones legales,
administrativas y culturales de cada país”
Durante las últimas
dos décadas, la necesidad de contar con instrumentos de medición para generar
un diagnóstico sobre el fenómeno de la corrupción, entender sus causas y
medir sus impactos; así como valorar la efectividad de las políticas
anticorrupción, ha sido creciente. Se han registrado esfuerzos importantes en
el diseño de metodologías para apoyar el proceso de evaluación y toma de
decisiones sobre el fenómeno.
El surgimiento de
Transparencia Internacional (TI) y la publicación del Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) son muestra de ello. Bajo la premisa de “Si lo
queremos mejorar, lo tenemos que medir”, comenzó el surgimiento de
indicadores que buscaron aproximar el fenómeno de la corrupción desde
diferentes ángulos, con la finalidad de entender sus costos, sobre todo, en el
crecimiento económico de naciones en desarrollo y en las perspectivas de
mercados emergentes.
En este sentido, según el último Índice de Percepción de la
Corrupción 2013 de Transparency International el abuso de poder, los acuerdos
clandestinos y el soborno continúan devastando a las sociedades en todo el
mundo.
El Índice de Percepción de la Corrupción se basa en la opinión de
expertos sobre la corrupción en el sector público. Las puntuaciones de los
países pueden ser positivas cuando existe un amplio acceso a sistemas de
información y normas que regulan el desempeño de quienes ocupan cargos
públicos, mientras que la falta de rendición de cuentas en el sector
público, sumada a instituciones públicas poco eficaces, son factores que
deterioran estas percepciones.
España ha mostrado un claro descenso en el IPC 2013, dado que en 2012
había obtenido una puntuación de 65, y el puesto número 30 entre los 176
países analizados, y en el último IPC obtiene una puntuación de 59 (6 puntos
inferior) y ha descendido 10 puestos en el citado Índice, quedándose en el
puesto número 40 del ranking global.
Las razones de este descenso son muy complejas y el lector de este artículo
las conocerá en el próximo paper que presentaré un congreso internacional en el
que participaré en próximo mes de noviembre 2014 en Valencia
Pero TI no es la única organización
encargada de evaluar la corrupción en el mundo. El
número de índices enfocados en medir la corrupción y, por extensión, la
gobernabilidad, ha crecido de manera exponencial en la última década. Por
ejemplo, se cuenta con: el Índice de Percepción de la Corrupción, el Índice
de Fuentes de Soborno (Transparencia Internacional), los mecanismos de
seguimiento a las Convenciones Internaciones Anticorrupción, el Índice de
Integridad Global (Global Integrity), los Indicadores de Gobernabilidad
Mundial (Banco Mundial), y otras mediciones que se acercan a la corrupción de
manera indirecta a través de la competitividad, el ambiente de negocios, las
libertades económicas, la transparencia y la rendición de cuentas financiera,
entre otras (PNUD, 2008).
En España, la Universidad de Las Palmas (ULPGC) cifró en
40.000 millones de Euros el coste de la corrupción en España (2013) El trabajo,
desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y
Desarrollo Sostenible (Tides), se basa en un método de estimación del coste
social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de
vida de los ciudadanos. Con esta nueva metodología "la corrupción nacional
es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice
de Transparencia Internacional".
Los
investigadores de este estudio destacaron que, “aunque la corrupción es uno de
los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y
perseguirla es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la
dificultad de su medición".
A continuación, se
presentan algunas consideraciones, a modo de consejos politológicos, sobre la “HOJA DE RUTA” a seguir por el
gobierno español en la materia:
1. Comprender los efectos entre la convergencia de la
rendición de cuentas y el combate contra la corrupción.
En la lucha contra las conductas corruptas, y sus
prácticas relacionadas, persiste una falta de interconexión entre los
mecanismos que potencian los controles
de la rendición de cuentas y los que encienden los mecanismos anticorrupción.
En el día de día de las administraciones públicas españolas dichos instrumentos
promueve gobiernos más responsables (acountabbility) a las necesidades
ciudadanas y obligados a justificar las decisiones de política general o
municipal, así también, a ser más eficientes en en la provisión de gastos
para bienes y servicios públicos.
2. Construir un
sistema firme, integrado, sólido y creíble de control contra la lucha de la
anticorrupción.
Está en juego no tan
sólo el fortalecimiento y sustentos de las estructuras del estado sino la
credibilidad y confianza de los ciudadanos en las institudiciones democráticas
y el sistema político establecido (establisment político). Se han de crear por
ello agencias que combatan este “cáncer democrático” y que cuenten con unas
postadas de coordinación e instrumentos de fiscalización sólidos y
consensuados. El diseño mismo de la estrategia de combate a la corrupción en
cualquier país debe buscar repartir las funciones de prevención, evaluación,
fiscalización, investigación y sanción en diferentes organismos, elegidos
bajo prámetros de independencia y jerarquía legislativa (nunca ejecutiva). Ello
hará mella en la eliminación del abuso
del poder público de manera más efectiva, eficiente y coherente.
3. Promover una
cultura de acceso a la información y mayor transparencia en los asuntos
públicos que abarque a los tres Poderes del Estado
Hasta ahora, las
exigencias de transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas a nivel
estatal, en la mayoría de países iberoamericanos, se han concentrado, principalmente, en la
capacidad de actuación del poder
ejecutivo. No obstante, existen retos para que el poder legislativo y judicial
se inserten también en la cultura de rendición de cuentas. El Congreso de los
Diputados todavía no se consolida como una institución profesionalizada y
articulada a los mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la
información (aunque poco a poco está cumpliendo con nuevos indicadores de
evaluación y publicidad activa).Por poner un ejemplo, en la Comunitat
Valenciana (en concreto en sede parlamentaria de Les Corts Valencianes) se han
dictado varios fallos judiciales (interpuestos, en su mayoría por Esquerra
Unida) que han reflejado la dificultad de acceder a información y documentación
en manos de la Generalitat Valenciana, amparándose esta en cláusulas de
confidencialidad en los contratos.
Es fundamental, por
tanto, que los tres poderes del estado, sean sometidos, por igual, a los mismos
criterios de rendición de cuentas que el Ejecutivo para que la estrategia de
combate a la corrupción sea más efectiva y contundente. Para reducir la
incidencia de la corrupción, es necesario un mejor diseño legal que incorpore
normas y procesos que acoten la discrecionalidad del poder público y promuevan
una verdadera transparencia pública. Por otra parte, la transparencia y acceso
a la información debe servir para generar información útil sobre el actuar
público. De ello dependerá que
consigamos evolucionar en la evaluación del potencial del aparato del Estado
para combatir los diferentes casos de corrupción público-política de España .
4. Incidir en la
importancia de los gobiernos locales en la estrategia de combate contra la
corrupción.
Actualmente, las
entidades locales son objeto de escándalos de abuso de la función pública.
Los casos de corrupción urbanística han llenado miles de páginas de prensa
desde que comenzara la crisis en España en 2008. La construcción de sistemas
de rendición de cuentas en los niveles de gobierno locales ha avanzado de
forma lenta y, sobre todo, ha enfrentado resistencias importantes por parte de
funcionarios y élites locales que se oponen a la ruta de modernización
administrativa en Comunidades Autónomas y entidades locales. La inserción de
los gobiernos locales en la dinámica de la rendición de cuentas es condición
necesaria par el éxito de la estrategia nacional anticorrupción.
5. Promocinar una
mayor participación de la ciudadanía en el monitoreo del la actividad del
gobierno.
La participación de
la sociedad civil en el monitoreo gubernamental es vital para el combate a la
corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de
control al poder son útiles en la medida en que sirven al ciudadano para
mejorar el funcionamiento de las políticas, los programas y los servicios más
cercanos a su comunidad, ciudad o región. Mientras existan ciudadanos que
activen mecanismos de vigilancia (activistas) y de rendición de cuentas que
sometan al escrutinio la acción pública, los gobiernos tenderán a ser más
responsables a las demandas, más eficaces en el accionar público y menos
corruptos en su actuar. A día de hoy ya son decenas los proyectos de este tipo
en nuestro país encabezamos por fundaciones o asociaciones sin animo de lucro.
De su “buen hacer” dependerá que continuamente se creen y actualicen
indicadores que evalúen y controlen de cerca la actividad gubernamental. Quizás
otro de los mayores retos en este punto será insertar a la sociedad española
en una cultura de respeto a la legalidad y a la autoridad pública..
Relacionado con ello y de
máxima actualidad es el I Congreso Internacional sobre Calidad Democrática,
Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción que desde la Universidad
CEU-Cardenal Herrera y la Asociación Valenciana de Politólogos-AVAPOL han
puesto en marcha parta finales del mes de noviembre de 2014 en la ciudad de
Valencia. Durante mi mandato como presidente AVAPOL (2012-2014) nuestro
compromiso contra la corrupción siempre ha sido una de las líneas académicas
que hemos desarrollado y con estos congreso se intenta promover y promocionar
buenas prácticas a aplicar en las diferentes administraciones públicas.
Pequeños hechos que pueden hacer cambiar el mundo en el que vivimos.
ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EL PUBLICOSCOPIA
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